Desde el Estrado Internacional

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Por  Miguel Sterling Martínez Guerrero (Tomado de FACEBOOK
¿Quién mató a Emely?
La mató una sociedad que cada vez se prostituye más, la mataron sus padres, la mató Marlin y la mató Marlon.
Ahora la mata el Ministerio Público y cuando se dicte sentencia la matarán los jueces.
Doce (12) años tenía Emely cuando sus padres le permitieron tener novio, la colocaron en estado de vulnerabilidad ante una sociedad podrida y la pusieron a merced de dos peligrosos ciudadanos.
¿Dónde estaba el bravucón de Genaro, padre de Emely, cuando su niña andaba en amores con sus sepultureros?
¿Dónde estaba doña Adalgisa, noble mujer, cuando su niña Emely andaba calle arriba, calle abajo con su príncipe negro?
Padres irresponsables!!
Sé que están destrozados, pienso yo, más por sus irresponsabilidades paternales que por el crimen, pues a ellos es que primero se debería condenar por violar las disposiciones de la ley 136-03 por dejar en estado de vulnerabilidad a su "niña".
Que comparezca ante la justicia la sociedad y sea también condenada!! Esa misma sociedad promotora del uso de condones para "evitar" embarazos, en vez de promover los estudios hasta su culminación y propiciar matrimonio digno, promover trabajo decente antes que auspiciar el ejercicio del "derecho" a dar su dignidad por dinero.
Esta sociedad asquerosa, que se prostituye y prostituye a las "Emelys" no cabe en el espacio de ese tribunal terrenal, debe ser enjuiciada en cada hogar, en la conciencia, si algo queda, de los Genaros y las Adas.
Marlin es culpable de todo, nada le sobra, violó todo, nada le falta, es mala, pero con derecho al arrepentimiento para que salve su alma.
Mujer prototipo de la egolatría, pedante, arrogante, faláz, insensible, mentirosa, modelo de Agripina, mujer de Claudio y madre de Nerón, émula de Jezabel. Ella mató a su hijo moralmente, lo malcrió, fue como Elí, sacerdote pusilánime en tiempos de Samuel, fraguó en parte la trama, despreció el nieto que Emely le daría fruto de la descarga de placer inmoral que le inoculó Marlon con anuencia de ella.
Marlin mató a Emely, a Marlon, a dos familias, a la parte buena de la sociedad y quizo matar a la justicia, de hecho ya moribunda.
Marlon hizo lo que su madre le enseñó, no tener aprecio a la vida de los demás, e hizo lo que los padres de Emely le permitieron, violarla y apagarle una vida que Genaro y Ada no supieron mantenerle prendida.
A Emely la mató un Ministerio Público rudimentario, carente de preparación académica, jurídica, investigativa e inmoral.
Ojalá y la justicia no dicte sentencia por capricho, ni por presión mediática, menos por miedo, que aplique las sanciones que solo las leyes dispongan.
Que la sociedad Dominicana saque conclusiones de lo mal que estamos y quienes tengan a sus Emelys y a sus Marlon los guíen bajo preceptos bíblicos y morales, para no ser parte del dolor que se exhibe en un juicio como el del caso Emely Peguero!!
Señor ten misericordia de la República Dominicana!!

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Tribunal Superior Electoral (TSE) llamó este lunes al Tribunal Constitucional (TC) a cambiar su precedente de apoderar al Tribunal Superior Administrativo (TSA) para conocer asuntos electorales que le han sido remitidos.

El presidente del TSE, Román Jáquez Liranzo, cree que no es atribución del Tribunal Superior Electoral conocer asuntos del ámbito electoral.

“Esperamos que el Tribunal Constitucional pueda variar en un futuro sus decisiones, que son los llamados precedentes, lo que queremos es aclararle la competencia al Tribunal Superior Electoral en ese sentido, y en segundo lugar que el Tribunal Constitucional reflexione sobre las cuestiones planteadas”, indicó.

El TC ha interpretado que actos de la Junta Central Electoral son actos administrativos ordinarios y que son competencia del TSA, lo que es refutado por Liranzo, quien además de presidente del más alto organismo electoral, es director de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Santo Domingo.

“Nosotros somos de la tesis de que todo acto de la Junta Central Electoral en ocasión del proceso antes y después son actos electorales, por lo cual cuando se impugna o se ataca se convierte en algo contencioso electoral, que debe ser de la competencia exclusiva del Tribunal Superior Electoral”, precisó.

Precedente

Uno de esos precedentes del TC se produjo cuando la JCE negó reconocer el Partido Opción Democrática, de Minou Tavárez Mirabal, decisión ratificada por el TSE y al ser recurrir ante el TC, éste estableció que es reconocimiento del partido, no era del ámbito electoral, sino un acto ordinario.

“Lo que mandamos es a que se sopese las atribuciones sobre la competencia de lo contencioso electoral y que los actos de la JCE puedan tener dos tipos: actos administrativos ordinarios, entiéndase una licitación para compra de computadoras, un problema con un empleado, eso es administrativo”, Sostuvo.

Pero aclaró que todo lo que la Junta haga antes o después de las elecciones son actos electorales que deben ir por la especialización, por la separación de funciones al órgano especializado y natural que es el Tribunal Superior Electoral, y no a un tribunal ordinario administrativo.

Una ley creada en el año 2008 fue aplicada a un hecho generado en el año 2004 y cuando la víctima acciona en justicia por ante la jurisdicción constitucional de la República Dominicana perdió el caso.
La situación es peor aún ya que en la misma sentencia se afirma que la decisión coincide con lo que vienen haciendo desde hace años.
Para el pueblo esto se llama DENEGACIÓN DE JUSTICIA.  Para los jueces del Tribunal Constitución esto es simplemente todo lo que su pobre visión de lo que debe ser el derecho le permite hacer.
a continuación la sentencia completa del caso.
SENTENCIA TC/0304/18 Referencia: Expediente Núm. TC-05- 2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia Núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República Dominicana, a los treintaiuno (31) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018). El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución, 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: I. ANTECEDENTES República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 2 de 18 1. Descripción de la sentencia de amparo recurrida en revisión constitucional La Sentencia núm. 242-2013, objeto de la revisión que nos ocupa, fue dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Esta decisión inadmitió la acción de amparo sometida por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Dirección General de Comunicaciones (DICOM). El dispositivo de la decisión recurrida reza de la manera siguiente: PRIMERO: EXCLUYE a la Contraloría General de la República del presente proceso, por los motivos anteriormente expuestos. SEGUNDO: Declara INADMISIBLE la presente Acción de Amparo interpuesta por el señor LUIS FRANCISCO LEONARDO CASTILLO, contra la Dirección General de Comunicaciones (DICOM), antiguo Centro de Información Gubernamental (CIG), por violación al artículo 70, numeral 1 de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, al existir otra vía más idónea, como la vía contencioso-administrativa. TERCERO: ORDENA que la presente sentencia sea comunicada por la secretaria a la parte accionante señor LUIS FRANCISCO LEONARDO CASTILLO, a la parte accionada, Dirección General de Comunicaciones (DICOM), antiguo Centro de Información Gubernamental (CIG) y a República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 3 de 18 QUINTO: ORDENA, que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior Administrativo. En el expediente no figura notificación de la referida sentencia objeto del recurso que nos ocupa. 2. Presentación del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo El recurso de revisión de la especie fue interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Mediante dicho recurso, el recurrente alega que la sentencia recurrida no guarda relación con las pruebas aportadas, con los derechos conculcados, con la verdad de los hechos ni con sus pretensiones originales. El presente recurso de revisión fue comunicado a la Dirección General de Comunicaciones y al procurador general administrativo mediante Auto núm. 3365- 2013, expedido el trece (13) de agosto de dos mil trece (2013). 3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo dictó la Sentencia núm. 242- 2013, que inadmitió la petición de amparo sometida por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo, y se fundamentó, esencialmente, en los siguientes razonamientos: IV) Que en cuanto al segundo medio planteado, de que la acción debe ser declarada inadmisible por la existencia de otra vía más idónea y eficaz que la del amparo, ésta Sala considera que la misma debe ser acogida, en virtud República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 4 de 18 de que la vía para recurrir un acto administrativo como es el caso de la especie, por tratarse de una violación contenida en el artículo 80, numeral 4 de la Ley 41-08 sobre Función Pública, y no de la violación de un derecho como es del derecho al trabajo como pretende el accionante. V) Que en la especie, el accionante trata de hacer entender al tribunal que de lo que se trata es de la conculcación de un derecho fundamental establecido en el artículo 110 de la Constitución de la República, cuando en verdad de lo que se trata es de la confrontación de dos principios constitucionales como lo son “el de la irretroactividad de la ley” y “el de régimen de compensación” establecido en el artículo 144 de la Constitución Dominicana y regulado por la Ley No. 41-08 sobre Función Pública, que establece el procedimiento a los fines de atacar las decisiones emanadas de la administración pública. VI) Tal y como se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en su sentencia No. 0021/2012, de fecha 21/6/2012, en el entendido de que “el ejercicio de la mencionada facultad de inadmisión se encuentra condicionada la identificación de la vía judicial que el tribunal considere idónea, así como las razones por la cuales la misma reúne los elementos de eficacia requeridos por el legislador”. En el caso que nos ocupa este tribunal considera que la vía más idónea y efectiva es el recurso contencioso administrativo. 4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión constitucional de sentencia de amparo El señor Luis Francisco Leonardo Castillo solicita al Tribunal Constitucional la revocación de la sentencia recurrida, así como el acogimiento de las conclusiones contenidas en su acción de amparo. En consecuencia, requirió que se ordene a la Contraloría General de la República suspender los operativos de cruce de nóminas de los servidores del sector público, hasta tanto demuestre haber realizado los ajustes República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 5 de 18 técnicos indispensables para prevenir la aplicación retroactiva de la Ley núm. 41-08 y evitar la constante violación al texto constitucional recogido por el artículo 110 de la Carta Magna. El indicado recurrente justifica sus pretensiones en los argumentos que, en síntesis, se exponen a continuación: Que el accionante fue despojado de su puesto de trabajo y de la forma más deplorable, sometido a humillaciones, alegando los accionados que todo lo hacen como dice la carta de fecha primero de marzo depositada a este tribunal que “su desvinculación se debe exclusivamente a la violación de la ley No. 41-08 en su artículo 80. Que la cacería que mantienen los accionados en perjuicio de ciudadanos protegidos por la irretroactividad de leyes amerita un stop urgente que frene la incertidumbre y la angustia de una parte muy vulnerable de la población que, por no tener acceso a un salario bien remunerado y suficiente para cubrir las necesidades familiares, opto por trabajar tantas jornadas como le fuera posible, donde le fuera posible. Que en aquel tiempo aun no entraba en vigencia la ley indicada. En ese tiempo los acuerdos de trabajo se llevaban a cabo con salarios aun bajos que los actuales, por lo cual al quedar con un solo puesto estos ciudadanos quedan definitivamente expuestos a un súbito empobrecimiento, el cual recae como consecuencia de la violación a un principio fundamental consagrado en la Constitución de la República, es decir la irretroactividad de las leyes que describe el artículo 110 de la Carta Magna. República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 6 de 18 5. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrida en revisión constitucional de sentencia de amparo En el expediente correspondiente al caso que nos ocupa, no consta escrito de defensa de la parte recurrida, Dirección General de Comunicaciones (DICOM). 6. Hechos y argumentos jurídicos de la Procuraduría General Administrativa La Procuraduría General Administrativa depositó su escrito de defensa el diecinueve (19) de agosto de dos mil trece (2013), mediante cual propone lo siguiente: De manera principal: Declarar INADMISIBLE por violación a los artículos 96 y 100 de la Ley 137 ya que no estableció cuales eran los agravios causados por la Sentencia impugnada, como tampoco fundamento la relevancia constitucional del presente recurso. De manera subsidiaria: UNICO: RECHAZAR en todas sus partes el presente Recurso de Revisión contra la Sentencia No. 242-2013 de fecha 31 de julio del 2013, de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, interpuesto por LUIS FRANCISCO LEONARDO CASTILLO, por improcedente, mal fundado y carente de base legal y en consecuencia confirmar la Sentencia impugnada por haberse emitido conforme a Derecho. 7. Pruebas documentales Los documentos que obran en el expediente relativo al presente recurso de r República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 7 de 18 2. Auto núm. 3365-2013, emitido por la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de agosto de dos mil trece (2013). 3. Comunicación suscrita por la encargada de recursos humanos de la Dirección General de Comunicación (DICOM) el veintitrés (23) de enero de dos mil trece (2013). 4. Certificación expedida por el Centro de Información Gubernamental el nueve (9) de junio de dos mil once (2011). 5. Comunicación suscrita por el director general de la Dirección General de Comunicación (DICOM) el primero (1°) de marzo de dos mil trece (2013). II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 8. Síntesis del conflicto El señor Luis Francisco Leonardo Castillo desempeñaba simultáneamente funciones remuneradas, tanto en la Dirección General de Comunicaciones (DICOM) como en el Ministerio de Salud Pública. Con motivo de esta dualidad de funciones, mediante correspondencia del veintitrés (23) de enero de dos mil trece (2013), la DICOM le requirió al señor Castillo optar por una de esas dos posiciones al entrar en vigencia la Ley núm. 41-08, de Función Pública, del dieciséis (16) de enero de dos mil ocho (2008), la cual prohibía el ejercicio concomitantemente de dos cargos en el sector público. El señor Castillo no obtemperó a esta petición, por lo cual la referida entidad procedió a desvincularlo de su empleo de periodista en la DICOM, dejándole sólo con el cargo que ocupaba en el Ministerio de Salud Pública. República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 8 de 18 Ante esta actuación de la DICOM, el señor Luis Francisco Leonardo Castillo se amparó contra esta entidad ante la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintidós (22) de abril de dos mil trece (2013), alegando vulneración a su seguridad jurídica por aplicación retroactiva en su perjuicio de la Ley Núm. 41-08. Fundamentó este argumento en que él ocupaba las dos indicadas posiciones antes de la entrada en vigencia de la Ley Núm. 41-08, motivo por el cual dicho estatuto no podía serle aplicado. La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo inadmitió el amparo mediante la Sentencia núm. 242-2013, del treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013), entendiendo como la vía idónea más efectiva el recurso contencioso-administrativo. En desacuerdo con dicho fallo, el señor Luis Francisco Leonardo Castillo interpuso el recurso de revisión de la especie. 9. Competencia Este tribunal constitucional es competente para conocer de la presente revisión de sentencia de amparo, en virtud de lo dispuesto por los artículos 185.4 de la Constitución, y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, del trece (13) de junio de dos mil once (2011). 10. Admisibilidad del recurso constitucional de revisión de sentencia de amparo El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta admisible, en atención a los siguientes razonamientos: a. La parte in fine del artículo 95 de la Ley núm. 137-11 dispone, so pena de inadmisibilidad, que “[e]l recurso de revisión se interpondrá mediante República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 9 de 18 en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su notificación”. Este colegiado ha estimado este plazo como hábil y franco (TC/0080/12, TC/0071/13, TC/0224/16, TC/0122/15, TC/0109/17), por lo cual se descartan para su cómputo los días no laborables y los correspondientes a la notificación y a su vencimiento. b. En el expediente no existe constancia de notificación de la sentencia impugnada al recurrente. Por tanto, aplicando los principios pro homine y pro actione, concreción del principio rector de favorabilidad, 1 se impone considerar que la interposición del recurso de revisión de la especie fue efectuada dentro del plazo de cinco (5) días previsto en el citado artículo 95 de la Ley núm. 137-11. c. Por otra parte, el procurador general administrativo planteó en su escrito de defensa la inadmisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia de amparo con base en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, el cual dispone lo siguiente: La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales. El concepto de especial trascendencia o relevancia constitucional fue, a su vez, precisado por este colegiado en su Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012). 2 1 «Artículo 7.- Principios Rectores. El sistema de justicia constitucional se rige por los siguientes principios rectores: […] 5) Favorabilidad. La Constitución y los derechos fundamentales deben ser interpretados y aplicados de modo que se optimice su máxima efectividad para favorecer al titular del derecho fundamental. Cuando exista conflicto entre normas integrantes del bloque de constitucionalidad, prevalecerá la que sea más favorable al titular del derecho vulnerado. Si una norma infraconstitucional es más favorable para el titular del derecho fundamental que las normas del bloque de constitucionalidad, la primera se aplicará de forma complementaria, de manera tal que se asegure el máximo nivel de protección. Ninguna disposición de la presente ley puede ser interpretada, en el sentido de limitar o suprimir el goce y ejercicio de los derechos y garantías fundamentales». 2 En esta decisión, el Tribunal Constitucional expresó que la especial transcendencia o relevancia constitucional «[…] sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 10 de 18 d. Tomando en consideración la argumentación precedente, esta sede constitucional concluye que la especie reviste especial trascendencia o relevancia constitucional, decidiendo que el conocimiento del caso permitirá a este colegiado continuar desarrollando su criterio respecto a la declaratoria de inadmisibilidad del amparo ante la existencia de otra vía judicial más efectiva, de acuerdo con el art. 70.1 de la Ley núm. 137-11; en consecuencia, dictamina la admisión del presente caso y procede al conocimiento del fondo. 11. El fondo del presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo En relación con el fondo del recurso de revisión que nos ocupa, el Tribunal Constitucional tiene a bien exponer los razonamientos siguientes: a. Tal como hemos señalado, el señor Luis Francisco Leonardo Castillo desempeñaba una función en el Ministerio de Salud Pública, de manera concomitante a la posición de periodista en la Dirección General de Comunicaciones (DICOM). Ocupó este último cargo desde el primero (1°) de noviembre de dos mil cuatro (2004) hasta su desvinculación el primero (1°) de marzo de dos mil trece (2013). En las palabras del hoy recurrente, esta se fundó en la supuesta incompatibilidad generada por las funciones que él desempeñaba, de manera concomitante, en las dos entidades mencionadas. b. La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo inadmitió la acción sometida por el señor Castillo “por la existencia de otra vía más idónea y eficaz que la del amparo” para conocer de los argumentos y pretensiones invocadas por este cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional». República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 11 de 18 último. En consecuencia, estimó a la jurisdicción contencioso-administrativa como la vía más efectiva para conocer del asunto. Dicho tribunal fundó su criterio en los dos siguientes argumentos: de una parte, que el caso concernía a una prohibición contenida en el artículo 80.4 de la Ley núm. 41-08, sobre Función Pública, y no de una violación al derecho al trabajo, como alegaba el referido accionante; y, de otra parte, que la especie resultaba, más bien, atinente al cuestionamiento de su desvinculación mediante un acto administrativo de la DICOM, que se derivó de la comprobación del desempeño por el hoy recurrente de más de un cargo en el sector público. c. El indicado señor Castillo sostiene, por su parte, que el fallo impugnado no guarda relación con las pruebas aportadas ni con los derechos conculcados; tampoco, respecto a la verdad de los hechos ni a sus pretensiones originales. En consecuencia, en cuanto a estos alegatos, el Tribunal Constitucional procederá a verificar si la jurisdicción a quo justificó debidamente su decisión. Es decir, si dicho fallo se ajusta a las circunstancias fácticas del caso, y si este efectuó una correcta aplicación de la ley al haber inadmitido la acción de amparo, por considerar a la jurisdicción contencioso-administrativa como una vía más efectiva que el amparo para conocer el asunto. d. En este contexto, resulta pertinente considerar las disposiciones del artículo 80 de la aludida Ley núm. 41-08, de Función Pública, el cual dispone lo siguiente: A los servidores públicos les está prohibido incurrir en los actos descritos a continuación y que la presente ley califica como faltas disciplinarias, independientemente de que constituyan infracciones penales, civiles o administrativas consagradas y sancionadas en otras leyes vigentes: […] 4. República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 12 de 18 Recibir más de una remuneración con cargo al erario excepto que estuviera expresamente prevista en las leyes o reglamentos. 3 e. Siguiendo con el análisis del fallo de amparo a la luz del indicado artículo 80 de la Ley núm. 41-08, el expediente relativo a la especie revela lo siguiente: 1. El Centro de Información Gubernamental (que luego pasó a denominarse Dirección General de Comunicaciones (DICOM) certificó el nueve (9) de junio de dos mil once (2011) que el señor Luis Francisco Leonardo Castillo se desempeñaba como periodista en dicha institución. 2. Posteriormente, el veintitrés (23) de enero de dos mil trece (2013), la DICOM le comunicó al señor Luis Francisco Leonardo Castillo que, de acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República, se había detectado que él también figuraba con un cargo en la nómina del Ministerio de Salud Pública. En esta virtud, la DICOM le solicitó al señor Luis Francisco Leonardo Castillo la regularización de su situación en un plazo de diez (10) días hábiles, renunciando a una de las dos posiciones ocupadas en el sector público, de manera que pasara a ostentar un solo cargo en la Administración Pública. 3. Una vez transcurrido el plazo otorgado sin que el accionante hubiera obtemperado al indicado requerimiento, la DICOM informó al señor Luis Francisco Leonardo Castillo que, por figurar en más de una nómina de instituciones del sector público, se veía obligada a prescindir de sus servicios, a partir del primero (1°) de marzo de dos mil trece (2013). f. Las precedentes circunstancias reseñadas permiten inferir que mediante la acción de amparo sometida por el señor Castillo, este ponía en tela de juicio la 3 El subrayado es nuestro. República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 13 de 18 validez del acto de su cancelación en la DICOM. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, luego de ponderar las características del referido acto de cancelación, ha determinado que este último reviste naturaleza administrativa. En efecto, en la Sentencia TC/424/17, este colegiado estableció que el acto administrativo consiste en: […] la manifestación de voluntad, juicio o conocimiento que realiza la Administración Pública, ejerciendo una potestad administrativa. En esa misma orientación, ya este tribunal constitucional señaló que se considera acto administrativo, la manifestación de la voluntad unilateral de la administración que tiene efectos particulares o generales capaces de producir consecuencias o modificaciones jurídicas (TC/0009/15). g. Resulta conveniente reiterar, asimismo, que, según la orientación adoptada por este colegiado, los cuestionamientos o la revocación de actos administrativos deben ser canalizados por ante la jurisdicción contenciosa-administrativa. En este sentido, el Tribunal Constitucional, en un caso similar resuelto mediante la Sentencia TC/0299/16 dictaminó lo siguiente: h. Por otro lado, es preciso señalar que los servidores públicos cuentan con un procedimiento administrativo a través del cual pueden solicitar la revocación del acto administrativo que le ha producido un perjuicio en un plazo de quince (15) días francos, contados a partir de la fecha de recepción de la notificación de la decisión, conforme los artículos 72 y 73 de la Ley Núm. 41-08 […] j. De la lectura de los párrafos anteriores se desprende que, si bien es cierto que el accionante tenía abierta la vía de la acción de amparo para presentar sus pretensiones, no menos cierto es que, conforme la documentación que existe en el expediente, para el presente caso, la vía más expedita para República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 14 de 18 conocer las alegadas vulneraciones es el Tribunal Contencioso Administrativo, como oportunamente señaló el tribunal de amparo. En igual tesitura, esta corporación constitucional, en su Sentencia TC/0271/17, dispuso, categóricamente, lo que sigue: e. Al revisar la sentencia recurrida, este tribunal ha podido comprobar que la solución dada por el juez de amparo es cónsona con los precedentes ya establecidos en esta materia, pues el cuestionamiento de cualquier acto administrativo de acuerdo con las disposiciones de la Ley núm.13-07, debe ser conocido por el Tribunal Superior Administrativo, en materia contencioso administrativa, no por vía de amparo, como ahora pretenden los accionantes. h. En vista de los razonamientos y precedentes jurisprudenciales antes expuestos, este colegiado considera que la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo hizo una correcta interpretación de los hechos relativos al caso que nos ocupa; y que también aplicó apropiadamente la normativa legal y constitucional pertinente al declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo por la existencia de otra vía judicial más efectiva, asignando este rol al recurso contenciosoadministrativo. En consecuencia, el Pleno de este tribunal constitucional estima procedente el rechazo del presente recurso de revisión de la especie y la confirmación de la sentencia impugnada. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Justo Pedro Castellanos Khoury y Rafael Díaz Filpo, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Consta en acta el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, el cual se incorporará a República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 15 de 18 la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional DECIDE: PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión en materia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el indicado recurso de revisión y, en consecuencia, CONFIRMAR la sentencia referida en el ordinal anterior, por las razones expuestas en el cuerpo de esta sentencia. TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, al recurrente, Luis Francisco Leonardo Castillo; a la recurrida, Dirección General de Comunicación (DICOM), y a la Procuraduría General Administrativa. CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, parte in fine, de la Constitución y 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011). QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 16 de 18 Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y de acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en la necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución, a fin de ser coherentes con la posición mantenida. I. Precisión sobre el alcance del presente voto 1.1. Como cuestión previa a exponer los motivos que nos llevan a elevar este voto salvado, conviene precisar que la jueza que suscribe comparte el criterio de que la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013), sea confirmada, y de que sea declarada inadmisible la acción de amparo. Sin embargo, procede a salvar su voto en lo relativo a las motivaciones que expone el consenso de este tribunal constitucional para decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia en materia de amparo. República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 17 de 18 II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional 2.1. En la especie, si bien estamos de acuerdo con que se declare la admisibilidad del presente recurso de revisión, la suscrita reitera que no debe ser aplicada la dimensión objetiva, sino subjetiva del amparo, pues de hacerlo se dejaría desprovisto al procedimiento de amparo del requisito de la doble instancia dispuesto por nuestra Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, situación que el consenso de este tribunal finalmente subsanó, a través de la Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), al descontinuar la aplicación de la tesis sentada por la mencionada Sentencia TC/0007/12 que se sustenta en la aseveración de que la revisión no representa una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir conflictos inter partes. 2.2. Reiteramos nuestro criterio es que el presente recurso es admisible, sin importar que sea relevante o no para la interpretación constitucional y para la determinación de los derechos fundamentales, pues lo contrario sería frustrar y volver ilusoria una de las funciones esenciales del Estado de Derecho, como lo es la protección efectiva de los derechos fundamentales. 2.3. Además, cabe reiterar que el criterio de relevancia constitucional no puede aplicarse restrictivamente, ya que toda vulneración a un derecho fundamental es, en principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente trascendente para quien lo invoca o demanda su restitución. De ahí, que bastaba constatar que el recurso de revisión de que se trata se interpuso dentro del plazo de cinco (5) días, como en efecto se hizo. República Dominicana TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Expediente núm. TC-05-2013-0161, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Luis Francisco Leonardo Castillo contra la Sentencia núm. 242-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013). Página 18 de 18 Conclusión: Si bien es cierto que la suscrita concurre con la decisión adoptada por el consenso de este tribunal, en el sentido de que la acción de amparo sea declarada inadmisible, salva su voto en lo concerniente a los motivos que invoca el Tribunal para decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia de amparo. Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal Constitucional, que certifico. Julio José Rojas Báez Secretario


El comunicador Pablo Ross está siendo acusado por el Ministerio Público de haber abusado sexualmente de una hijastra desde que la menor tenía 12 años de edad. 
El comunicador al que se le conocerá medidas de coerción en la mañana de este viernes 21 de septiembre, supuestamente aprovechaba las circunstancias en que se encontraba a solas para tocarla por todo el cuerpo y la sugestionaba diciendo que no podía decir nada a su padre. 
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Ross le decía a la menor, que ahora tiene 16 años, que tenía envidia del novio de esta porque ella era algo que no podía tener. 
El Ministerio Público está solicitando que al comunicador le impongan la prisión preventiva, como medida de coerción. 
“Estamos cooperando con la Justicia” Al ser introducido a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Ross dijo que espera que se aclaren las circunstancias del hecho que se le imputa. “Estamos cooperando con la Justicia”, respondió Ross al ser cuestionado sobre la veracidad de las acusaciones en su contra. 
Pablo Ross fue arrestado este jueves 20, según informó la Procuraduría General de la República. “Confirmamos la información de que el comunicador Pablo Ross fue puesto bajo arresto en virtud de una investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público sobre abuso sexual contra una menor”, informó Julieta Tejada, encargada de Comunicaciones de la Procuraduría.
A pesar de la presunción de inocencia, los datos de esta nota fueron publicados por el Diario Libre, con un titular que da por hecho la acusación.

Sin embargo más bien se trata de la palabra de unos contra las palabras del otro, ya que las pruebas del delito parecen no existir.
Al comunicador la acusan de ºMANOSEARº a la supuesta víctima. Un delito presentado sin pruebas y justificando con argumentos puros y simples niveles de tolerancia que abarcaron un periodo de cuatro años sin que tomaran medidas alguna.



– La Fiscalía de la provincia San Francisco de Macorís dejó este viernes en libertad a Joel Morel Mendoza alias “Melki El Menor” por no existir querellas en su contra, pese a múltiples acusaciones por parte de la Policía Nacional.

De manera extraoficial se conoció que contra Morel Mendoza no existen expedientes dentro del sistema judicial, por lo que fue liberado este jueves.

Al momento de ser apresado el pasado martes, el detenido aseguró que no tiene problemas con la ley, sino indiferencias con antisociales.

Melki El Menor es acusado por la policía de haber participado junto a Junior Ramirez Gil “Yunior Garata”, de la muerte de los nombrados Benigno Arroyo De Jesús y Meliton Gonzalez, en medio de un asalto ocurrido en octubre del año 2016.

La Policía Nacional atribuye a Morel Mendoza actuar en complicidad en el asalto a la gasolinera Petromóvil, en el que resultó muerto el guardián de seguridad Estarlin Mercedes, la tarde del viernes 8 del mes de abril del año 2016.

Por el hecho, el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal envió a cumplir veinte años de cárcel a los jóvenes Orlandy Padilla López y José Francisco Casanova Pérez, en el centro de corrección y rehabilitación Vista Al Valle.

Además, es acusado de enfrentarse a tiros con agentes de la Policía Nacional en diversas ocasiones.

Asimismo, es acusado de propinar dos balazos al nombrado Carmelo Cortorreal Polanco, de 28, por supuestas viejas rencillas en noviembre del pasado año 2017, asi como a Cristian Díaz Polanco (27 años), varios dias después.

En julio de este año, el supuesto delincuente Alexander Núñez Ramirez alias Alex, de 28 años de edad, acusó al detenido de haberlo herido de un balazo.

La organización Global Medical Relief Childrens de Estados Unidos decidió negar su apoyo a una joven dominicana que requería de una prótesis luego de ser mutilada a machetazos por un  haitiano.
La afamada organización estadounidense al tratar de justificar su decisión, alegó que la joven Ciela era usada para exhibicionismo públicos y pedir dinero.
Digna Jaqueline de León, representante de la organización en Nueva York, dijo que la decisión se adoptó debido a que Yahaira García, madre de Fausta Antonia Sena García (Cielo), de 14 años, junto al activista antihaitiano Manny Solano, de la Organización “No Tenemos Miedo” troncharon el futuro de la adolescente.

Pero muchos creen que quien en verdad tronchó el futuro de la adolescente fue el nacional haitiano que la atacó a machetazos y la dejó mutilada.
Desde el Estrado, programa de televisión que se difunde por el canal 45 de Teleradioamerica, solicitó a la Afamada organización que reconsidere su decisión o al menos de a conocer la verdadera razón por la cual niega unas prótesis a una persona que se la solicitó porque las necesita.


Namphy Rodríguez, comunicador y abogado alerta sobre graves violaciones de la Ley Partidos al clima de libertad de expresión en Internet.

Namphi Rodríguez es abogado constitucionalista.

Denunció como “graves e inquietantes” las violaciones de la Ley de Partidos Políticos al clima de libertad de expresión en el país y advirtió que se pretende poner una mordaza a la difusión de ideas, comentarios y opiniones a través de las redes sociales.

Namphy participar en un panel sobre libertad de expresión y democracia alertó que esa legislación impone penas de hasta un año de prisión contra las personas que difunda “mensajes negativos” sobre un candidato político en el período de precampaña electoral.

Sostuvo que las disposiciones del artículo 44 de la Ley 33-18, de Partidos Políticos, sancionan de privación de libertad, con multas de hasta quinientas veces el salario mínimo a quienes incurran en la difusión de dichos mensajes.

Pero esto no es bueno, Namphy cree que “En el marco de una precampaña electoral, la ciudadanía tiene derecho a obtener información relacionada con el accionar de los candidatos, sea esta negativa o positiva, pues la información garantiza la transparencia, permite fiscalizar las funciones públicas, pero sobre todo es una forma de fortalecer la democracia”

Más aún, el jurista cree que la penalización de la difusión de información sobre un precandidato, no puede depender del hecho de que la misma sea “negativa” o “empañe” la imagen de éste, sino de la la veracidad de la información o si invade el ámbito de la privacidad, o si responde a una intención dolosa de dañar la imagen y buen nombre del precandidato.

“Existe infinidad de supuestos en los cuales una información relacionada con el accionar público de un precandidato pudiera resultar “negativa” para su imagen; pero al mismo tiempo resultar verídica y estar basada en fuentes confiables. 

La difusión de la información “empañará” la imagen del candidato y, por tanto, conforme a la redacción actual del Art. 44 numeral 6 de la Ley de Partidos, se corre el riesgo de que cualquier ciudadano que se haga eco de la información en una red social sea pasible de una pena privativa de libertad. Esta es una clara desnaturalización del ejercicio del libre acceso y, sobre todo, difusión de la información, por lo tanto, deviene en inconstitucional”, adujo.

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Las disposiciones de la ley

El artículo 44 de la Ley prohíbe varias actividades de difusión durante el período de precampaña o campaña interna, entre las que está, “la difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales que empañen la imagen de los candidatos será sancionada conforme a los artículos 21 y 22 de la Ley No. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología”.

El artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 disponen que, la difamación y la injuria cometidas a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multas de cinco a quinientas veces el salario mínimo.

El jurista dijo que al disponer que la “difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales” constituyen un delito, los legisladores desconocieron que el derecho a la información no responde a un interés de naturaleza individual, sino que tiende a un interés colectivo de la ciudadanía que es el de controlar el ejercicio del poder por parte de los diferentes órganos del Estado.

Un tipo penal abierto

Al analizar la referida disposición legal a la luz del principio de legalidad, Rodríguez señaló que se verifica que la infracción no ha sido descrita de manera clara y precisa por el legislador, del tal suerte que el Juez Penal solo puede hacer la adecuación de la conducta punible a cada caso en concreto recurriendo a criterios valorativos que le permitan dotar de contenido a los conceptos “mensajes negativos” y “empañar”, los cuales resultan a todas luces genéricos e inexactos por carecer de una definición inequívoca que garantice que serán aplicados de manera idéntica en todos los casos. Esta falencia se torna insalvable cuando recordamos que al Juez Penal le está vedado recurrir a la analogía para interpretar la norma penal.

“Estamos pues ante un tipo penal indeterminado que deviene en inconstitucional por violar el principio de legalidad, expresado en el aforismo “nullum crimen nulla poena sine lege certa”, adujo.

De manera muy específica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha referido que las normas que limitan la libertad de expresión deben estar redactadas con tal claridad que resulte innecesario cualquier esfuerzo de interpretación, sosteniendo además que, incluso si existen interpretaciones judiciales que las precisan, ello no es suficiente para suplir formulaciones demasiado amplias, pues las interpretaciones judiciales cambian o no son seguidas estrictamente, y no son de carácter general (Alegatos CIDH ante CorteIDH: caso Ricardo Canese vs. Paraguay, sentencia 31 de agoto de 2004).

Por su parte, el Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0484/16 ha establecido que:

“El principio de legalidad se cumple (…) si la norma en cuestión reúne las características siguientes: lex certa, lex stricta, lex scripta y lex praevia (ley cierta, ley estricta, ley escrita y ley previa). La primera de las características (lex certa), supone que las conductas prohibidas estén claramente delimitadas en la ley. La segunda de las características (lex stricta) exige al legislador un máximo de precisión al momento de redactar un texto en el cual se consagra un delito. La tercera característica (lex scripta) implica que el hecho punible y la sanción estén escritas. Y la cuarta (lex praevia) implica que la ley penal que se pretende aplicar sea anterior al hecho punible”.

El catedrático resulta que, tal como se verifica, “nuestra Constitución y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos exigen que el tipo penal contenga elementos suficientes para determinar la conducta prohibida, muy especialmente cuando las consecuencias son tan gravosas que derivan en penas privativas de libertad”.

“Sin embargo, tal como ha quedado establecido, el tipo penal analizado está construido con una imprecisión tal, que atenta contra el principio de legalidad y la seguridad jurídica de los ciudadanos, pudiendo llegar al extremo de convertirse en un mecanismo legal (mas no legítimo) de censura previa. Por tanto, dicha norma debe ser desechada del ordenamiento jurídico por contravenir el principio constitucional de legalidad”, concluyó.


Santo Domingo, República Dominicana. El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH), Antonio Taveras Guzmán, aseguró que los 560 mil millones de pesos del Fondo de Pensiones de los Trabajadores sólo existen en papel. 

Al ser entrevistado en Infórmate con Ana Jiménez y Danilsa Vargas, el empresario dijo que alrededor del 80 por ciento de ese dinero es utilizado por el gobierno para cubrir déficits. 

“El sistema de pensiones está manejado por cuatro bancos y el Estado le toma prestado ese dinero, el Banco Central para cubrir el déficit cuasifiscal y el Ministerio de Hacienda para cubrir déficit del gobierno, en estos momentos hay 560 mil millones de los cuales el 80 o 78 por ciento se encuentran en certificados en BC y Hacienda, en papeles, por lo que no están en realidad” puntualizó Taveras Guzmán. 

Propuso la creación de un convenio tripartito compuesto por los trabajadores, empresarios y el gobierno, para que la banca privada no tenga que manejar los  Fondos de Pensiones. 

Por otro lado el presidente de los Industriales de Herrera abogó por una transformación tributaria que sea equitativa. 

“Aquí hay una política tributaria criminal, porqué sanciona a los que pagan y a los pobres que al final son los que más pagan, el tiene más, tiene que pagar más” acotó el Industrial. 

Finalmente crítico el poco apoyo que reciben los mediados y pequeños empresarios por parte de gobierno, al tiempo de considerar que el actual sistema evita que nuevas empresas sean formalizadas por el pago de la Seguridad Social, Itebis e Impuesto Sobre La Renta. 

Infórmate con Ana Jiménez y Danilsa Vargas, es un programa que se transmite por RNN canal 27, los domingos a las 8:00pm.


Santo Domingo.- La Defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, expresó su oposición a la modificación de la ley 16-92 o Código Laboral, con el fin de limitar los derechos adquiridos por los trabajadores.
 Martínez Guante solicitó a los presidentes de las cámaras legislativas a tener “ojo avizor” ante las pretensiones que han esgrimido algunos sectores en el sentido de reducir los derechos a los trabajadores o retroceder en las conquistas.
 La Defensora del Pueblo alertó sobre esas pretensiones mediante sendos oficios que tramitó al presidente del Senado, Reynaldo Pared Pérez y al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, de fecha cinco de abril del 2018.
 “El Defensor del Pueblo solicita tener ojo avizor ante las pretensiones que, en el marco de la libertad de expresión, algunos sectores han esgrimido en el sentido de limitar, o peor aún, hacer retroceder los derechos adquiridos de los trabajadores de la República Dominicana”, advirtió Martínez Guante. Consideró que limitar o retroceder en los derechos reconocidos a los trabajadores constituiría una franca violación a la Carta Magna y a los principios generales del derecho laboral, que enarbolan el carácter esencialmente progresivo de los derechos fundamentales, entre ellos el del trabajo, consagrado en el artículo 62 de la Constitución.
 Señaló que el Código Laboral ha garantizado el orden y la paz social en la República Dominicana. Sectores empresariales han abogado por una reforma al Código Laboral, que pretende, entre otras cosas, eliminar el pago de la cesantía.

Santo Domingo. La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso este sábado tres meses como medida de coerción a Marcial Hermógenes Ramón Michelis acusado de agredir a tiros al director de comunicaciones de la Alcaldía de Santo Domingo Este, Carlos Rodríguez.

El expolicia la emprendió a tiros a Rodríguez en momentos en que un grupo de conductores le tocaron bocina al imputado porque estaba mal estacionado.

Michelis deberá cumplir la prisión en la cárcel de Operaciones Especiales en Manoguayabo, a pesar de que ya no es policía.

La Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) apresó un hombre acusado de atentar contra la vida del director de comunicaciones de la Alcaldía de Santo Domingo Este, Carlos Rodríguez.

Se trata de Marcial Hermogenes Ramón Michelis, quien fue apresado por miembros de la DICRIM de la Policía Nacional en el sector de Villa Faro, Santo Domingo Este.



Al imputado le será conocida esta tarde medida de coerción en la Fiscalía de Santo Domingo Este.

El hecho ocurrió en la urbanización Italia en las inmediaciones del parque que lleva el mismo nombre.

De acuerdo al relato de Carlos Rodríguez, transitaba por la zona en un vehículo propiedad del ASDE y una persona se encontraba mal estacionada y provocó una congestión vehicular lo que provocó que los conductores recurrieran a tocar bocina para que se moviera.

Rodríguez continuó diciendo que una vez cedió el paso, el desconocido esperó que avanzara y la emprendió a tiros en su contra sin mediar palabras.

El director de comunicaciones del cabildo de Santo Domingo Este afirmó que está vivo de milagro porque los disparos que le hizo el conductor alcanzaron el vehículo en que se trasladaba logrando impactar dos proyectiles en la puerta delantera y trasera derecha y uno la cabecera del asiento en que iba.

La persona que la emprendió a tiros al comunicador se trasladaba en un vehículo marca Tahoe, color blanco.

Rodríguez reveló que presentó una formal denuncia ante la Policía Nacional y pidió que el agresor sea apresado y puesto a la disposición de la justicia.

El funcionario municipal dijo que la acción del desconocido evidencia los nivele de intolerancia que existen en la sociedad y pidió tomar conciencia sobre lo peligroso que es no contener la ira.

El juez de la Atención Permanente de Santo Domingo Este, Bernando Coplìn García, aplazó para el sábado 30 de este mes a las 9:00 de la mañana, el conocimiento de la medida de coerción contra el hombre acusado de disparar al director de comunicaciones de la Alcaldía de Santo Domingo Este, Carlos Rodríguez.
El imputado es el exteniente de la Policía Nacional, Marcial Hermógenes Ramón Michelis, quien agredió a tiros a Rodríguez sin mediar palabras en las inmediaciones del parque Italia en Santo Domingo Este.
El conocimiento de la medida fue aplazada a solicitud del abogado del imputado, quien hizo el requerimiento para poder presentar un presupuesto y preparar su defensa.
El director de Comunicaciones del ASDE, dijo esperar que la justicia actué en consecuencia en el caso en el que estuvo a punto de perder la vida.
El ex policía logró impactar las dos puertas y el asiento del vehículo en que se trasladaba Rodríguez.
Esta no es la primera vez en que el imputado se ve envuelto en agresiones, en 2012 un ciudadano denuncio que fue herido de un balazo en el rostro durante un embargo ilegal que dirigió el entonces primer teniente de la Policía Nacional, Marcial Hermógenes Ramón Michelis, quien se presentó la residencia del herido ubicada en el sector de Alma Rosa con una personal militar y policial bajo su mando, a reclamarle el pago de 30 mil pesos que la víctima tomó prestado en un negocio que el oficial operaba en la plaza Marcos Marcial de la autopista San Isidro.


 SANTO DOMINGO. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) prohibió el uso de luces de alta luminosidad e intensidad (LED) en los vehículos de motor que circulen en las vías públicas de todo el territorio nacional.
 Así lo dio a conocer la entidad a través de comunicado firmado por su directora ejecutiva, Claudia Franchesca de los Santos. La prohibición está contenida en la resolución número 009-2018, emitida el pasado jueves 2 de agosto.
 La entidad dio un plazo de 15 días a partir de la fecha de publicación del dispositivo para que los conductores retiren las barras de LED de sus vehículos. A partir del viernes 17 de agosto, los propietarios de vehículos que sean sorprendidos utilizando éstos dispositivos serán multados con el pago de un salario mínimo “del que impere en el sector público descentralizado, de acuerdo al Artículo 192 de la Ley 63-17”.
 El dispositivo regula todo lo relativo al equipamiento y al uso de aditamentos de iluminación en los diferentes tipos de vehículos (automóviles, motocicletas, camiones) y prohíbe, textualmente, “su uso, instalación, modificación, aditamento o adaptación de accesorios de emisión de luces de alta luminosidad, intensidad y Diodo de Emisión de Luz (LED)”.
 “El uso indebido de los accesorios de emisión de luz de alta luminosidad o intensidad instalados como aditamentos o adaptaciones, no de fábrica de los vehículos de motor que circulan en las vías públicas son causantes de siniestros de tránsito por deslumbramiento y desorientación a conductores, por el destello o haz luminoso que este tipo de luces producen”, indica el Intrant en la nota.
Asimismo, invitamos a la ciudadanía a consultar de manera íntegra la resolución en el portal institucional www.intrant.gob.do
Santo Domingo, 05 agosto 2018.- El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), emitió una resolución en la que prohíbe el uso, instalación, modificación, aditamento o adaptación de accesorios de emisión de luces de alta luminosidad, intensidad y de Diodo de Emisión de Luz (LED) en vehículos de motor que circulen por las vías públicas del país, con el objetivo de reducir la cifra de siniestros viales.
La prohibición abarca todas las variantes en vehículos de motor, como las barras múltiples, faroles, faros esféricos, entre otras modalidades.
INTRANT informó que el incumplimiento de esta disposición conllevará a una multa de un salario mínimo del  sector público centralizado, de acuerdo al artículo 192 de la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, al tiempo que exhortó a la ciudadanía consultar de manera íntegra la resolución en el portal institucional: www.intrant.gob.do.
Para el cumplimiento de la medida, se dispuso que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), supervisará la ejecución y fiscalización de las disposiciones de esta resolución, de manera que queden instaurados los controles necesarios para su cumplimiento.
“Se concede un plazo de 15 días a partir de la publicación de esta resolución para adecuar los vehículos de motor que utilicen luces de alta luminosidad o intensidad y de diodo de emisión de luz, de conformidad con las disposiciones de la presente resolución; obteniendo el permiso señalado en el artículo tercero, cubriendo con protector las luces de referencia para evitar su emisión en las vías públicas que se prohíbe, o procediendo a desmontar las mismas, según el caso que corresponda”, establece la resolución.
El uso indebido de los accesorios de emisión de luz de alta luminosidad o intensidad, instalados como aditamentos o adaptaciones no de fábrica a los vehículos de motor, son causantes de siniestros de tránsito por deslumbramiento y desorientación a conductores.
Permiso
La institución autorizará a los propietarios de vehículos motor para competencias y eventos deportivos, el uso mediante un permiso que se solicitará en el enlace del portal institucional www.intrant.gob.do, el cual contendrá las siguientes informaciones:
“El permiso indicado, no será válido para transitar en las vías públicas, carreteras, autopistas, avenidas, calles en zona rural o urbana, donde deberán estar cubiertos por un protector que evite la emisión de las referidas luces en dichos lugares”, especifica la resolución.
INTRANT es el instituto rector y regulador del transporte terrestre en la República Dominicana, en cumplimiento de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Trabaja para la implementación del Plan Nacional de Seguridad Vial y tiene como meta reducir en un 30 % las víctimas de la siniestralidad al año 2020, y es el encargado de cumplir y hacer cumplir la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

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