Destituyen jueces acusados de negociar sentencias

SANTO DOMINGO. El Consejo del Poder Judicial (CPJ) ordenó la destitución de los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, Víctor Mejía Lebrón y a Rosó Vallejo Espinosa, así como el magistrado de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo de esa jurisdicción, José Dionisio Duvergé Mejía, quienes estaban siendo investigados por supuestamente negociar sentencias.
Poder Judicial ordenó remitir al Ministerio Público expediente debido a que se “evidenció hallazgos que pudieran comprometer la responsabilidad penal” de magistrados.
El Consejo del Poder Judicial dice que “los procesados fueron hallados culpables de la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones”, razón por las que apoderó al Ministerio Público del expediente “para los fines que estime pertinente” debido a que se “evidenció hallazgos que pudieran comprometer la responsabilidad penal de los hoy disciplinariamente sancionados”.
En una comunicación de prensa del Poder Judicial se explica que los jueces Víctor Mejía Lebrón y a Rosó Vallejo Espinosa y José Dionisio Duvergé Mejía “violaron los artículos 66, numeral 1, 44 numeral 7 y 41 numeral 2 sobre Carrera Judicial; así como los principios de conciencia funcional e institucional, honestidad, legalidad y prudencia, establecidos en el Código de Ética del Poder Judicial”.
La decisión fue adoptada por el CPJ, que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, e integran los consejeros Víctor José Castellanos Estrella, Etanislao Radhamés Rodríguez, Fernando Fernández Cruz y Leonardo Recio Tineo.
Establece que luego de estudiar los alegatos y las piezas contentivas del expediente en contra de los jueces destituido, ha podido comprobar que estos incurrieron en la comisión de faltas graves que constituyen un descuido inaceptable, y hechos contrarios a la ética, lo cual justifica que sean sancionados en orden a la preservación de la moralidad profesional e institucional que debe regir a todos los miembros del Poder Judicial.
Se recuerda que en noviembre pasado, la Procuraduría General de la República denunció por ante el Consejo del Poder Judicial que una estructura, presuntamente dirigida por el renunciante consejero Francisco Arias Valera, que se dedicaba a manipular procesos judiciales y negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado, principalmente en las áreas del narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
En una instancia de 15 páginas en la que pone como asunto informe de inicio de investigación penal pública, jueces y ex jueces del Poder Judicial por hechos de presunta prevaricación, la Procuraduría incluyó en la alegada estructura a los magistrados Awilda Reyes Beltré, José Duvergé Mejía, Delio Germán Figueroa, Rosó Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón.
En el informe se sostiene que Arias Valera es mencionado como la persona que supuestamente contactó e influyó, a cambio de alegadas altas sumas de dinero, para que la jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Awilda Reyes Beltré, emitiera varias decisiones, entre ellas la sentencia de hábeas corpus NO.151-2015, mediante la cual ordena la libertad del regidor del municipio de Pedro Brand, Erinson de los Santos Solís (Ney).
Víctor Mejía Lebrón, Rosó Vallejo Espinosa y José Dionisio Duvergé Mejía habían sido suspendidos por el CPJ, después de la acusación de la Procuraduría, sin disfrute de salario, se les remitió a juicio disciplinario junto a los también magistrados Víctor Mejía Lebrón y Awilda Reyes Beltré , como consecuencia del Informe que había realizado Inspectoría General del Poder Judicial, en el caso penal seguido al señor Julio Alfredo Rondón Abreu.
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